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NL 22/2012 La materialización del mecanismo extraodinario del pago a los proveedores.
El 1 de junio de 2012, el Ministro de Hacienda ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el mecanismo extraordinario del pago a los proveedores de las entidades locales. Dicho informe ha arrojado las cifras obtenidas tras la materialización desde el miércoles 30 de mayo, fecha en que se han empezado a abonar las facturas de aquellos proveedores que se han acogido al mecanismo extraordinario de financiación regulado por el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Según el informe, se han abonado en su primera fase, todas las facturas pendientes de 3.774 Entidades Locales con un total de 106.283 proveedores que se acogieron al citado mecanismo, lo que ha supuesto el abono por un importe de 9.263.151.895 euros.
De esa cantidad de dinero, cerca del 85% será devuelto por las Entidades Locales mediante créditos a diez años con dos de carencia a un tipo de interés del 5,9 puntos y, el otro 15% restante, será compensado mediante retenciones de la participación de ingresos del Estado a las Entidades Locales que no aprobaron un Plan de Ajuste o fueron considerados desfavorables por el Ministerio de Economía y Hacienda.
El Gobierno, ha dejado la puerta abierta a una segunda oportunidad para aquellas Entidades Locales que han quedado excluidas de este procedimiento pero que están dentro de cuatro supuestos tasados.
Termina el informe con una valoración favorable sobre el mecanismo extraordinario de financiación al estimar el Gobierno que “esta operación permitirá la creación y el mantenimiento de más de cien mil puestos de trabajo”.
Sin embargo, el mismo día en que el Ministro de Hacienda presentaba el informe ante el Consejo de Ministros, Bruselas criticaba con dureza las medidas contra la crisis y, entre ellas, tachaba al mecanismo extraordinario de financiación de contrario a los principios de la Directiva Europea sobre morosidad. Duro varapalo a la medida estrella del Gobierno contra la crisis, por parte de la Comisión Europea que entiende que dicha medida “implica una penalización para los proveedores”, que se ven obligados a aceptar la exclusión de los intereses de demora y otros costes en el pago final. (http://economia.elpais.com/economia/2012/05/31/actualidad/1338494965_028552.html)
Barcelona, 6 de junio de 2012.
Alfonso Arroyo
Abogado