CIVIL-El Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte de la ley catalana 1/2022 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda

El Tribunal Constitucional dictó la sentencia número 120/2024, de 8 de octubre, publicada en el BOE el 16 de noviembre de 2024, por la que el Pleno del Tribunal resolvió el recurso de inconstitucionalidad número 3955-2022, declarando inconstitucionales varios preceptos de la Ley del Parlament de Catalunya 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, aprobada para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.

La sentencia estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad, declarando nulos e inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 1/2022 por entender que adolecían de vicios de carácter tanto competencial como sustancial.

Efectivamente, los preceptos de la Ley 1/2022 declarados inconstitucionales son los siguientes; a saber:

• El artículo 1.3 (que modificaba el artículo 5.2 f) de la ley 18/2007) por imponer la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de iniciar demandas judiciales, siendo ello contrario al artículo 149.1.6 de la Constitución Española, que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal.

• El artículo 7 (que añadía el apartado 5 al artículo 126 de la Ley 18/2007, dentro del régimen sancionador-) por imponer al adquirente de una vivienda la obligación de subrogarse en la posición del anterior propietario a los efectos de asumir las consecuencias del incumplimiento de la función social de la propiedad, debiendo así responder por hecho ajeno, lo que infringía el principio de culpabilidad que se deriva del artículo 25.1 de la Constitución Española.

• El artículo 11 (que añade el artículo 10 a la Ley 24/2015) por obligar, por una única vez, a la renovación de contratos de alquiler social en aquellos casos en los que los afectados acreditasen seguir cumpliendo con los requisitos de exclusión residencial, infringiendo el artículo 149.1.8 de la Constitución Española relativo a la competencia exclusiva del Estado en materia de bases sobre las obligaciones contractuales.

• El artículo 12 (que añadía la disposición adicional primera a la Ley 24/2015) y la Disposición transitoria, por extender la obligación de ofrecer alquiler social a los procedimientos ejecutivos derivados de deudas hipotecarias y a los desahucios, infringiendo nuevamente el artículo 149.1.6 de la Constitución Española.

En cuanto a los efectos de la Sentencia, la misma no afecta a las situaciones consolidadas. Es decir, la inconstitucionalidad y nulidad únicamente tienen efectos pro futuro, salvo en el caso del referido artículo 7, respecto del cual hay que estar a lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prevé las posibles consecuencias sancionadoras derivadas del incumplimiento de los preceptos declarados inconstitucionales y nulos.

Barcelona, 12 de febrero de 2025

Paula Villuendas