NL 5/2014. La corrupción en la Contratación Pública de España.

El pasado 3 de febrero de 2014 la Comisión Europea presentó el primer Informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea[1], que contiene un estudio de la corrupción en cada uno de los Estados miembros. El anexo dedicado a España[2] incluye una sección centrada en la corrupción que afecta a la contratación pública, que destaca por ser uno de los sectores más vulnerables.

El Informe subraya que si bien el marco jurídico de lucha contra la corrupción en España es bastante amplio, sigue siendo hoy en día insuficiente, pues existe gran propagación de corrupción política y numerosas deficiencias en los mecanismos de control a escala autonómica y local. Una muestra de ello es la existencia de numerosos procedimientos de investigación por supuestas prácticas corruptas en los procedimientos de contratación pública, que son especialmente elevados en los sectores de la construcción y la recogida de residuos, lo que apunta a un alto riesgo de corrupción en estos dos sectores.

La Comisión, en su Informe, se remite a los datos que se presentan en un estudio elaborado por el Tribunal de Cuentas[3], publicado en 2012, el cual ofrece una visión general de los principales sectores de riesgo en la contratación pública a nivel regional y local. En su análisis, el Tribunal de Cuentas advierte de la mala gestión y el control insuficiente a nivel regional, al tiempo que destaca el creciente número de casos de corrupción que están siendo investigados. Entre las irregularidades más frecuentes detectadas figuran el fraccionamiento de la cuantía de los contratos con el fin de eludir la contratación pública; los abusos en la tramitación de urgencia sin suficiente justificación, con el fin de eludir requisitos de contratación más exigentes; el uso injustificado de determinadas categorías excepcionales de procedimientos de contratación pública; la falta de criterios de selección; la deficiente fundamentación de las adjudicaciones; las excepciones injustificadas a la obligación de publicar las ofertas; y la insuficiente justificación de las modificaciones de los contratos públicos.

Por otro lado, el Informe de la Comisión Europea publica los resultados de la encuesta entre empresas del Eurobarómetro sobre la corrupción de 2013. Esta encuesta destaca que el 83 por ciento de las empresas españolas encuestadas –56 por ciento en la media europea– consideró que la corrupción estaba muy extendida en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales y el 90 por ciento –60 por ciento en la media europea–, en la gestionada por las autoridades locales. En concreto, las empresas españolas encuestadas manifestaron que las prácticas más extendidas en los procedimientos de contratación pública eran las siguientes: pliegos de condiciones a la medida para determinadas empresas (80 por ciento); abuso de los procedimientos negociados (72 por ciento); conflictos de intereses en la evaluación de las ofertas (79 por ciento); licitación colusoria (71 por ciento); criterios de selección o evaluación poco claros (72 por ciento); y modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato (69 por ciento). Es de destacar que los porcentajes anteriores se encuentran entre los más elevados de la Unión Europea, y si bien éstos son sólo indicadores de percepción, ilustran factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública. 

En conclusión, la Comisión destaca la necesidad de reforzar la transparencia en los procedimientos de contratación pública y desarrollar nuevas estrategias para luchar contra la corrupción.  

Dr. Alfonso Arroyo

Barcelona, 6 de febrero de 2014