Últimas iniciativas legislativas en materia de residuos

Desde el pasado 6 de septiembre hasta el próximo 6 de octubre de 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica somete a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y se deroga el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre.

Entre las novedades que presenta el proyecto, orientado a impulsar el tránsito hacia una economía circular y favorecer la aplicación del principio de jerarquía en la gestión de los residuos, destacan la prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero o la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero al ser aptos para el reciclado u otro tipo de valorización. También se pretende incidir en la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para el caso de los residuos municipales, establecer las normas específicas para el cálculo de los objetivos de vertido y reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de estas infraestructuras.

Paralelamente, en Cataluña la Generalitat promueve la aprobación de la Ley de prevención y gestión de los residuos y el uso eficiente de los recursos en Cataluña, que supondrá la derogación del actual Texto Refundido de la Ley de Residuos de Cataluña (Decreto Legislativo 1/2009) y la modificación o eventual derogación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos. El proceso se encuentra actualmente en fase de análisis de las 41 aportaciones y propuestas recibidas por parte de Administraciones públicas, agentes del sector y particulares, la cual concluye el próximo 30 de septiembre. A partir de entonces se prevé la apertura de una fase de participación complementaria con sesiones presenciales, que durará hasta finales de año.

Se trata de dos iniciativas legislativas que afectan profundamente al ámbito de la gestión de los residuos. Mientras la primera incide específicamente en el ámbito de la eliminación de los residuos mediante su disposición en depósitos controlados, la segunda se encamina a lograr una gestión de los residuos más coherente con el principio de jerarquía y con los nuevos objetivos de las Directivas, mediante instrumentos de fiscalidad ambiental y previa planificación equilibrada de las infraestructuras de gestión que deben atender las necesidades de gestión de las distintas partes del territorio, impulsando una vez más el tránsito hacia una economía circular.

Ambas son una buena muestra del carácter dinámico del sector de la gestión de los residuos, dentro de una rama del Derecho (la ambiental) ya de por sí cambiante y en constante evolución. Y es que el sector de la gestión residuos está sujeto, como pocos, a un escenario político y económico en constante movimiento, con un marcado protagonismo de la política ambiental de la UE. En este sentido y dentro del marco de la economía circular, ambas reformas pretenden lograr un cambio de paradigma que afectará a la propia naturaleza y conceptuación de lo que actualmente se conoce como “residuo” –concepto que lleva asociada una connotación ciertamente negativa, ligada a un estatus jurídico cargado de limitaciones y obligaciones para su poseedor– hacia una nueva categoría ligada a la idea de recurso.

Un objetivo sin duda ambicioso que va a necesitar sin duda una importante colaboración tanto por parte de los productores como de los gestores de residuos y de los agentes de este sector, así como una mayor concienciación ciudadana y de todos los sectores económicos en lo que atañe a la prevención.

Barcelona, a 12 de septiembre de 2019

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