01|12|2016

Novedades Jurídicas de diciembre 2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

– Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-171/15

En fecha 14 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha emitido esta Sentencia, en la que declara que el Derecho de la Unión y, en particular, el artículo 45.2, de la Directiva 2004/18 / CE -que establece los casos de exclusión facultativa por falta profesional grave cometida por un operador económico “no se opone a que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, obligue a los poderes adjudicadores a examinar, aplicando el principio de proporcionalidad, si se ha de proceder efectivamente a la exclusión de un candidato de un contrato público que ha cometido una falta profesional grave “.

– Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-355/15

En fecha 21 de diciembre de 2016 se ha publicado en el DOUE esta sentencia, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declara que el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665 / CEE del Consejo, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, debe interpretarse en el sentido de que “no se opone a que a un licitador que ha sido excluido de un procedimiento de adjudicación de un contrato público mediante una decisión del poder adjudicador que ha adquirido carácter definitivo se le niegue el acceso a un recurso contra la decisión de adjudicación del contrato público en cuestión y contra la celebración de dicho contrato, cuando el licitador excluido y el adjudicatario del contrato son los únicos que han presentado ofertas y aquel licitador sostiene que la oferta del adjudicatario también debería haber sido rechazada “.

TRIBUNAL SUPREMO

– Sentencia de 6 de octubre de 2016, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina nº 2763/2015, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (art. 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial sobre la competencia del orden social en materia de intereses de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

Publicado en BOE de 31 de diciembre de 2016. La Sala ha decidido: Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra de la sentencia dictada el 9 de junio de 2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso de suplicación nº 2974/2014, interpuesto contra la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Valencia, en autos núm. 1382/2012, seguidos a instancias de don Francisco David Fernández García frente al Fondo de Garantía Salarial. Casar y anular la sentencia de suplicación impugnada y, resolviendo el debate de suplicación estimamos el recurso de igual clase interpuesto por el Ministerio Fiscal que versa sobre la jurisdicción competente sin que haya lugar a la imposición de las costas.

– Sentencia de 2 de noviembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso interpuesto contra la Orden IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, y declara la nulidad de su artículo 3.2 y del anexo II en relación con la determinación aplicativa del coeficiente «alfa», reconociendo el derecho de las empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes a percibir la retribución que corresponda.

Publicado en BOE de 31 de diciembre de 2016. Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CIDE Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica contra la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo IET/2444/2014, de 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015, declarando la nulidad del artículo 3.2 y del Anexo II de la citada Orden ministerial en relación con la determinación aplicativa del coeficiente «α», reconociendo el derecho de las empresas distribuidoras de menos de 100.000 clientes a percibir la retribución que corresponda, en los términos fundamentados.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

– RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (auto).

Publicado en DOGC de 1 de diciembre de 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional por Auto de 2 de noviembre de 2016, ha acordado la finalización del recurso de inconstitucionalidad núm. 995-2013, promovido por el Gobierno de Cataluña contra los artículos 1 al 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que fue admitido a trámite por Providencia de 12 de marzo de 2013.

– CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 2761-2016, planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía (sentencia).

Publicado en DOGC de 1 de diciembre de 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional, se pronuncia en el conflicto positivo de competencia núm. 2761-2016 planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art. 13 y disposiciones finales primera y cuarta del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

– Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6987-2015, en relación con los artículos 2.e) y 7.1 y 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE.

Publicado en BOE de 3 de diciembre de 2016. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por Auto de 28 de noviembre actual, ha acordado declarar la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6987-2016 por desaparición sobrevenida de su objeto, planteada por el Juzgado de 1.ª Instancia número 8 de A Coruña, en relación con los artículos 2.e) y 7.1 y 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por posible vulneración del artículo 24.1 de la CE. Admitida a trámite el 19 de enero de 2016 («Boletín Oficial del Estado» núm. 22, de 26 de enero de 2016).

– CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6599-2015, planteada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con el artículo 21.3.a) del Decreto ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales (sentencia).

Publicado en DOGC de 19 de diciembre de 2016. Se publica la Sentencia 175/2016, de 17 de octubre, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6599-2015, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en relación con el artículo 21.3.a) del Decreto-ley de Cataluña 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales, en lo que se refiere al inicio del cómputo del plazo para resolver las solicitudes de licencia comercial. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido: “Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad.”

– Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6031-2016, en relación con el artículo 18.2 a) 1º de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, inciso «o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio», por posible vulneración de los artículos 149.1 y 149.7 de la CE.

Publicado en BOE de 20 de diciembre de 2016. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 13 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 6031-2016 planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento ordinario núm. 156-2016, en relación con el artículo 18.2 a) 1º de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, inciso «o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio», por posible vulneración de los artículos 149.1 y 149.7 de la CE, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Cataluña

– Informe 7/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Publicado en DOGC de 15 de diciembre de 2016. Sobre propuesta de acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña para la adquisición de vehículos de bajas emisiones y otros aspectos para la mejora ambiental de las flotas de vehículos.

– Informe 8/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña.

Publicado en DOGC de 15 de diciembre de 2016. Propuesta de acuerdo del Gobierno por el que se autoriza la ampliación del plazo para los contratos de eficiencia energética y / o energía renovables en la modalidad de contrato de rendimiento energético con ahorros garantizados.

– Informe 9/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente).

Publicado en DOGC de 15 de diciembre de 2016. Sobre análisis del concepto de riesgo operacional en relación con los contratos de concesión y otras categorías contractuales.

– Informe 10/2016, de 1 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña (Comisión Permanente).

Publicado en DOGC de 15 de diciembre de 2016. Sobre la necesidad, a efectos de acreditar la capacidad de obrar de las empresas licitadores, que los acuerdos de modificación de los objetos sociales consten en Escritura Pública e inscritos en el Registro Mercantil en la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

– Nota sobre la aplicación de las medidas de gestión eficiente en la tramitación de los contratos, del artículo 8 del decreto-ley 3/2016 de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.

Publicado en DOGC de 28 de diciembre de 2016.

LEGISLACIÓN EUROPEA

– DIRECTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.

Publicado en DOUE de 2 de diciembre de 2016. A fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, la presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, permitiendo así que dichos sitios y aplicaciones sean más accesibles para los usuarios, en particular para las personas con discapacidad.

– Conclusiones del abogado general sr. Michal Bobek, a la Petición de decisión prejudicial planteada por la Krajowa Izba Odwoławcza (Sala Nacional de Recurso, Polonia)

Publicadas en la página web de la Generalitat de Catalunya, el 7 de diciembre de 2016. El órgano jurisdiccional nacional plantea al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales mediante las cuales pretende que se determine, en primer lugar, en qué condiciones pueden modificar los licitadores la lista en la que hacen constar la experiencia que invocan y basarse en la experiencia de terceros. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional nacional solicita que se aclaren las condiciones en las que la información facilitada por un licitador constituye una «declaración falsa» en el sentido del artículo 45, apartado 2, letra g), de la Directiva 2004/18/CE. (2) En tercer lugar, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si la experiencia obtenida en el marco de distintos contratos puede 2 invocarse conjuntamente para cumplir un requisito de licitación en caso de que el poder adjudicador no hubiera previsto expresamente la posibilidad.

– DECISIÓN (UE) 2016/2220 DEL CONSEJO de 2 de diciembre de 2016 relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales.

Publicado en DOUE de 10 de diciembre de 2016.

– Procedimientos por incumplimiento del deber de transposición de las Directivas en materia de contratación pública y concesiones a quince Estados miembros.

En fecha 8 de diciembre de 2016 la Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a 15 estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal y Suecia), instándoles a que incorporen en el Derecho nacional una o más de las tres nuevas Directivas en materia de contratación pública y concesiones Directivas 2014/23 / CE, 2014/24 / CE y 2014/25 / CE-, el plazo de transposición de las expiró el día 18 de abril de 2016. Los 15 Estados miembros que aún no lo han hecho disponen de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para adecuar su legislación nacional al Derecho de la UE.

– DIRECTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

Publicado en DOUE de 17 de diciembre de 2016.

– DIRECTIVA (UE) 2016/2309 DE LA COMISIÓN de 16 de diciembre de 2016 por la que se adaptan por cuarta vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

Publicado en DOUE de 20 de diciembre de 2016.

LEGISLACIÓN ESTATAL

– Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de diciembre de 2016. Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

– Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2 de diciembre de 2016. Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

– Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Publicado en BOE de 3 de diciembre de 2016.

– Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera.

Publicado en BOE de 3 de diciembre de 2016.

– Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Publicado en BOE de 6 de diciembre de 2016.

– Instrucciones para mayor publicidad y transparencia en la contratación pública

Publicado el 16 de diciembre de 2016, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Ministros ha aprobado unas instrucciones para el sector público estatal que tienen como finalidad incrementar la transparencia y la publicidad en el ámbito de la contratación pública. Estas instrucciones son de obligado cumplimiento para las entidades del sector público estatal, incluidas la mayor parte de las sociedades mercantiles estatales. Además, el Acuerdo prevé que se dé traslado del mismo a las Comunidades Autónomas y Federaciones de Entidades Locales con mayor implantación para fomentar que adopten en su ámbito de competencias instrucciones de contenido análogo a las que ahora aprueba el Estado.

– Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2017.

Publicado el 29 de diciembre de 2016.