This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
MEDIO AMBIENTE – Dificultades en la aplicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
En fecha 10 de abril de 2022 entró en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, por la que se trasponen la Directiva UE 2018/851 y la Directiva UE 2019/904. Persigue el objetivo de prevenir y reducir la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión.
La Ley presenta un nivel elevado de inseguridad jurídica, puesto que muchas de las disposiciones todavía están pendientes de desarrollo reglamentario, sin que sean claras las obligaciones y los plazos por su cumplimiento por parte de las empresas. Adicionalmente, en materia tributaria, se han puesto de manifiesto varios problemas competenciales entre las diferentes Administraciones.
Una de las principales novedades es la introducción del el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, propuesto desde la Unión Europea en el marco del Green Deal, con el fin de fomentar la prevención de la generación de residuos de envases no reutilizables e impulsar el reciclaje de los residuos de plástico. Recae sobre la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria y sobre la introducción irregular de envases de plástico no reutilizables, afectado a la práctica a la totalidad de empresas.
En materia tributaria, el otro cambio que ha comportado la Ley 7/2022 es el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración (en lo sucesivo, IDRV). A diferencia del impuesto especial sobre el plástico, el IDRV ya contaba con regímenes autonómicos precedentes, que tendrán que ser reemplazados por este régimen único estatal. Se configura como un impuesto estatal, aunque se prevé la cesión de la recaudación del mismo en las comunidades autónomas.
Otra novedad que ha generado incertidumbre y dificultades para las empresas es la ampliación de la responsabilidad del productor regulada en el Título IV y desarrollada reglamentariamente a través del Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases. Con la entrada en vigor de esta normativa, el productor inicial o el poseedor del residuo tendrá que asumir la responsabilidad y tendrá que asegurar un tratamiento final adecuado del residuo. Es decir, los productores pasan a asumir nuevas obligaciones que hasta ahora estaban reguladas de forma menos restrictiva.
Se ha evidenciado que la información proporcionada por el MITECO resulta insuficiente, de forma que las empresas se encuentran en el desconocimiento más absoluto de sus nuevas obligaciones o ante la imposibilidad de cumplirlas. Dada esta situación, se requieren campañas informativas, para solucionar el desconocimiento general actualmente presente, y una armonización de los trámites derivados de estas obligaciones. La existencia de múltiples plataformas telemáticas genera inseguridad jurídica y un grave problema de ineficiencia. En el sector de los residuos sanitarios es donde se hace más evidente la necesidad de armonización dado que no existe una clasificación ni una nomenclatura homogénea en nivel nacional. Es urgente una unificación de las normas para establecer métodos de gestión y tratamiento.
A nivel operativo, las empresas se han encontrado con obstáculos administrativos para el cumplimiento de sus obligaciones, o incluso han impedido el cumplimiento de estas. Se tiene que tener en cuenta que, dentro de la categoría de productores, se incluyen muchas pymes y micro pymes que no siempre tienen los recursos suficientes para poder estar en el día de todas las novedades legislativas.
Se hace evidente la inseguridad que estas novedades comportan para las empresas, especialmente teniendo en cuenta las dificultades con que se han encontrado para poder cumplir con las obligaciones, así como las posibles consecuencias económicas que resultan de su incumplimiento. Dificultades que se ven reforzadas por la escasa cooperación del MITECO para resolver dudas y proporcionar posibles soluciones.
Barcelona, a 26 de septiembre de 2023
Tornos Abogados