01|03|2019

Novedades Jurídicas de febrero 2019

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

– Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 2501-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Publicado en el BOE el 22 de febrero. Competencias sobre consumo, legislación procesal, derecho civil, ordenación crediticia y económica general: nulidad de los preceptos legales autonómicos que establecen un procedimiento judicial para resolver las situaciones de sobreendeudamiento y regulan determinados efectos de la cancelación y cesión de créditos hipotecarios.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:

Cataluña

– RESOLUCIÓN TES/188/2019, de 21 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de 11 de diciembre de 2018, por el que se determinan los contratos en que se debe aplicar la metodología de trabajo colaborativa y virtual en tres dimensiones denominada Building Information Modelling (BIM) y la forma y las condiciones para hacerlo.

Publicado en el DOGC el 5 de febrero. Establece la obligatoriedad de aplicar la metodología de trabajo Building Information Modelling (BIM) a todos los contratos de obra civil y de edificación, de concesión de obras y de concursos de proyectos, que tienen por objeto obras de primer establecimiento, rehabilitación o restauración, promovidos por la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público que tengan un valor estimado igual o superior al establecido por los contratos sujetos a regulación armonizada, según la legislación de contratos del sector público, y se extiende a todos los contratos relativos o vinculados a las obras a que se refieren estos contratos.

– Ley 1/2019, de 15 de febrero, de supresión del Consejo Comarcal del Barcelonès.

Publicada en el DOGC el 19 de febrero. En su virtud, se suprime el Consejo Comarcal del Barcelonès y los órganos que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de organización comarcal de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 4/2003, de 4 de noviembre, lo constituyen.

– ORDEN PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la puesta en funcionamiento de la tramitación electrónica.

Publicada en el DOGC el 20 de febrero. El objeto de esta Orden es determinar las condiciones para establecer la obligatoriedad de relacionarse por medios electrónicos a los colectivos establecidos en el artículo 3 de esta misma Orden, con la finalidad de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los sujetos que deben comunicarse electrónicamente con la Administración de la Generalitat y su sector público institucional.

– ORDEN PDA/21/2019, de 14 de febrero, por la que se determina el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de su sector público.

Publicada en el DOGC el 20 de febrero. Tiene por objeto establecer el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalitat y su sector público. En concreto, se dispone que el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración de la Generalitat y su sector público, es la comparecencia de la persona interesada en la sede electrónica (artículo 1); y que este sistema de notificación electrónica por comparecencia se aplica a: la Administración de la Generalitat de Catalunya, sus organismos autónomos y sus entidades autónomas; las entidades de derecho público vinculadas o dependientes y los entes en que la Generalidad participa, directa o indirectamente, en el 100% de su capital o fondo patrimonial; y las personas físicas y jurídicas o entes sin personalidad que se relacionen con la Administración de la Generalitat y su sector público institucional (artículo 2).

LEGISLACIÓN ESTATAL

– Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública.

Publicado en el BOE el 2 de febrero. La Comisión tiene como fin impulsar y garantizar la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, en la implantación de la metodología BIM en la contratación pública. «Building Information Modelling» (BIM) es una metodología de trabajo basada en la digitalización y en la colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura. Requiere del conocimiento y formación en tecnologías asociadas a las nuevas herramientas de diseño y su objetivo es obtener una mayor eficiencia en la inversión en infraestructuras e industria en general ya que la citada metodología pretende conseguir una reducción de riesgos e incertidumbres y un incremento en la calidad.

– Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

Publicado en el BOE el 9 de febrero de 2019. Entre otras medidas, contempla la la modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su disposición final. Se adicionan dos párrafos a la disposición adicional quincuagésima cuarta de la LCSP, relativa al “régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Se establece, por un lado, que “en los contratos menores que se celebren por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales aplicables a los mismos”; y por otro lado, que esta previsión “no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros”.

– Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

Publicado en el BOE el 21 de febrero. Su objeto es la protección de los secretos empresariales, de conformidad con la normativa europea de aplicación.

– Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Publicado en el BOE el 21 de febrero. Responde a los objetivos de transponer las directivas con incidencia en materia penal pendientes y de abordar cuestiones internacionales también de naturaleza penal. A saber: Directiva 2014/57/UE, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541/UE, relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, así como el perfeccionamiento de la transposición de la Directiva 2014/62/UE, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación. También se modifica el Código Penal para completar el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos adaptándolo a las previsiones contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos que se abrió a la firma en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015. Finalmente, se completa la regulación de los delitos de corrupción de acuerdo con las directrices del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO).

– Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Publicado en el BOE el 20 de febrero. Tiene por objeto adaptar el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y otras normas reglamentarias a las modificaciones introducidas en la citada Ley por la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, así como a las reglas y criterios sancionadores establecidos en el Reglamento (UE) 2016/403 de la Comisión, de 18 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (CE) 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la clasificación de infracciones graves de las normas de la Unión que pueden acarrear la pérdida de honorabilidad del transportista, y por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.