01|03|2018

Novedades Jurídicas de marzo 2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

– Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-9/17

El día 1 de marzo de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido esta Sentencia, en la cual afirma que el artículo 1.2, letra a), de la Directiva 2004/18/CE debe interpretarse en el sentido de que no constituye un contrato público “un sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias, como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual una entidad pública selecciona a todos los operadores económicos interesados que cumplan los requisitos de aptitud establecidos en la convocatoria de licitación y hayan superado el examen mencionado en dicha convocatoria, aun cuando durante el período limitado de vigencia de ese sistema no pueda admitirse a ningún nuevo operador”. Según declara el TJUE, en este caso, el elemento determinante “es el hecho de que la entidad adjudicadora no mencionó ningún criterio de adjudicación del contrato que permitiera comparar y clasificar las ofertas admisibles”.

– Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los asuntos acumulados C-523/16 y C-536/16

El día 28 de febrero de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido esta Sentencia, en la que declara que en el Derecho de la Unión, en particular el artículo 51 de la Directiva 2004/18/CE, los principios relativos a la adjudicación de los contratos públicos, entre los que figuran los principios de igualdad de trato y de transparencia recogidos dicha Directiva, y el principio de proporcionalidad, «no se oponen, en principio, a una normativa nacional que establece un mecanismo de subsanación de defectos de tramitación, en virtud del cual el poder adjudicador puede, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, invitar a todo licitador cuya oferta sufra de irregularidades sustanciales, en el sentido de dicha normativa, a regularizar su oferta, sujeto al requisito de que abone una sanción pecuniaria, siempre que la cuantía de esta sanción se continúe ajustando al principio de proporcionalidad».

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Cataluña

– Resolución VEH/406/2018, de 1 de marzo, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2018.

Publicado en el DOGC el 12 de marzo. La ATC tiene prevista para el año 2018, la implantación del medio de comprobación regulado en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que consiste en la estimación del valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana, mediante la aplicación de los coeficientes publicados en los valores catastrales. Esta medida permitirá que la ATC compruebe de manera más ágil y eficiente los expedientes en que se produzcan discrepancias de valor. Asimismo, con este medio de comprobación se proporcionará al contribuyente una mayor seguridad jurídica, al conocer el valor que la Administración tributaria ha asignado al bien previamente a la presentación de la autoliquidación.

– Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria

Publicado en el BOE el 13 de marzo. El artículo 33 del texto refundido de la ley de Finanzas Públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece, que si por cualquier motivo el 1 de enero el presupuesto no está aprobado, se considerará prorrogado automáticamente el del año anterior en sus créditos iniciales hasta la aprobación y la publicación de los nuevos. Por lo expuesto y de acuerdo con el citado precepto, se ha producido la prórroga de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017.

LEGISLACIÓN ESTATAL

– Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de transporte regular de viajeros por carretera

Publicado en el BOE el 1 de marzo. Tiene por objeto, al amparo de la habilitación contenida en el apartado 6 del artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ampliar el repertorio de fórmulas tipo disponibles para la revisión de precios de los contratos públicos mediante la aprobación de fórmulas tipo aplicables a un conjunto de contratos cuyas características, número y frecuencia de adjudicación uniformes, como es el caso de los contratos de transporte regular de viajeros por carretera, así como establecer la relación de componentes básicos de costes a incluir en dichas fórmulas tal como dispone el apartado 8 del artículo 89 de la ley.

– Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

Publicado en el BOE el 6 de marzo. Esta Comisión Interministerial ejercerá las funciones relativas al análisis y seguimiento de la aplicación de las cláusulas sociales en la contratación pública en ámbitos como la información, la accesibilidad y el diseño universal, las prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, el comercio justo o los contratos reservados, entre otras cuestiones. En el ejercicio de estas funciones la Comisión está facultada para elaborar propuestas y recomendaciones, que podrá elevar al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación. La Comisión Interministerial asume además, entre otras funciones, el desarrollo, seguimiento y propuesta de revisión del acuerdo del Consejo de Ministros que desarrolle las previsiones de la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

– Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Publicado en el BOE el 10 de marzo. El Plan Estatal 2018-2021 mantiene la apuesta decidida por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario, si bien introduce algunas modificaciones que ajustan y mejoran los planteamientos del anterior plan, introduciendo políticas de eficiencia energética y medidas que pretenden favorecer a colectivos como los jóvenes, los mayores o los ciudadanos en riesgo de exclusión social.

– Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobado por el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre.

Publicado en el BOE el 10 de marzo. Modifica la ley para incluir las novedades legales previstas para el otorgamiento de condecoraciones civiles a ciertas víctimas de acciones terroristas.

– Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Publicado en el BOE el 13 de marzo. Adapta a la normativa vigente diversos aspectos sobre los procedimientos llevados a cabo por la Oficina, tales como la realización de los bienes, la resolución sobre la adjudicación del uso de los bienes intervenidos o embargados por la Administración, el establecimiento de los supuestos en que procederá la destrucción de los bienes, entre otros.

– Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Publicado en el BOE el 17 de marzo. Entre sus objetivos están los siguientes: evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes; reforzar el papel de la Administración General del Estado en relación con estos funcionarios, al asumir su selección, formación y habilitación, así como la asignación de un primer destino. Asimismo, reforzar y clarificar las funciones reservadas a estos funcionarios, al entender que son básicas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales, especialmente la función interventora, para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones por los cargos electos; garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas; permitir una gestión más eficaz y homogénea de este colectivo en todo el territorio nacional.

– Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018

Publicado en el BOE el 17 de marzo. La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y eficiencia, establece un sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética en virtud del cual se asigna a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor, una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro energético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en cuatro pagos iguales a lo largo de 2018, no más tarde del 31 de marzo, del 30 de junio, del 30 de septiembre y del 31 de diciembre, por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.

– Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER

Publicado en el BOE el 22 de marzo. Derogar el Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, y el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, y aprobar un real decreto al objeto de adecuar el marco normativo consagrado en el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Establece el régimen jurídico de los organismos pagadores de los gastos financiados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del organismo de coordinación, así como los mecanismos para hacer efectiva la coordinación.